Quito, Ecuador. La muerte de la oficial de Policía Ana Lucía Peñarreta Rodríguez, de 32 años, ocurrida el 12 de febrero en el Hospital de la Policía Nacional, ha derivado en la apertura de una investigación interna y acciones legales por parte de sus familiares, quienes denuncian una posible negligencia médica durante su atención.
Peñarreta, quien se desempeñaba como comunicadora institucional en Radio Vigía, ingresó a la casa de salud la mañana del 11 de febrero tras presentar fuertes dolores abdominales. Según la versión oficial difundida por autoridades del hospital a medios nacionales como Diario Extra y Diario Expreso, la paciente fue atendida en el área de emergencias, donde recibió analgésicos y se le practicaron exámenes médicos que permitieron diagnosticar una pancreatitis aguda.
De acuerdo con la información oficial, su cuadro clínico evolucionó de forma complicada, por lo que fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Durante la madrugada del 12 de febrero presentó un deterioro respiratorio y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Aunque fue reanimada en un primer momento, falleció horas después.
La autopsia determinó que la causa del deceso fue una sepsis generalizada provocada por pancreatitis aguda, una condición que, según información de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, puede presentarse cuando el tejido pancreático se infecta, permitiendo que bacterias ingresen al torrente sanguíneo y desencadenen una respuesta inflamatoria sistémica que compromete órganos vitales.
Denuncia formal y pedido de auditoría
El 18 de febrero, seis días después del fallecimiento, los familiares remitieron un documento al director del hospital solicitando una auditoría médica exhaustiva. Al día siguiente acudieron a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia formal con el objetivo de que se determinen posibles responsabilidades penales.
La pareja de la oficial, también miembro de la institución policial, ha señalado públicamente que, a su criterio, hubo dos momentos determinantes en la atención: la posibilidad de una intervención quirúrgica temprana o el traslado a otra casa de salud con mayor capacidad resolutiva. Según su testimonio, tras confirmarse el diagnóstico de pancreatitis aguda mediante ecografía, la paciente permaneció bajo observación mientras su condición se agravaba.
Posición del hospital
Las autoridades del hospital han sostenido que se aplicaron los protocolos médicos establecidos y que el caso está siendo analizado por una junta médica interna. Hasta el momento no se han difundido resultados concluyentes de esa revisión.
Especialistas consultados por medios nacionales han recordado que la pancreatitis aguda puede evolucionar rápidamente hacia complicaciones severas, incluso con manejo oportuno, y que la determinación de una eventual mala práctica requiere peritajes técnicos que establezcan si existió impericia, negligencia o incumplimiento de protocolos.
Investigación en curso
El proceso ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá recabar historias clínicas, informes periciales y versiones de los profesionales que intervinieron en la atención. De comprobarse responsabilidad, el caso podría enmarcarse en una investigación por presunta mala práctica profesional con resultado de muerte.
Mientras tanto, familiares, compañeros y allegados de la oficial exigen transparencia y celeridad en las investigaciones para esclarecer si la tragedia fue consecuencia de una complicación médica inevitable o de decisiones clínicas que pudieron haberse tomado de manera distinta.
El caso ha generado preocupación dentro de la institución policial y ha reabierto el debate nacional sobre la calidad de atención en centros hospitalarios institucionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de auditoría médica en situaciones críticas.