El Gobierno Nacional amplió los detalles de su plan de seguridad 2026, una estrategia integral que busca debilitar a las estructuras del crimen organizado mediante el control territorial, el uso de tecnología y, especialmente, el ataque directo a la economía de los grupos delictivos.
Durante la cadena nacional del domingo 25 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa explicó que uno de los ejes centrales del plan es afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, además de mejorar los niveles de resolución de casos y fortalecer el sistema de justicia.
El mandatario también se refirió a la situación del sistema penitenciario, al que calificó como un componente clave dentro del enfoque integral de seguridad, al considerar que las cárceles han sido utilizadas como centros de operación del crimen organizado.
Inversión en tecnología y ECU 911
En el ámbito tecnológico, el Gobierno anunció una inversión adicional de 50 millones de dólares para el ECU 911, con el objetivo de mejorar sus capacidades tecnológicas y operativas. Esta inversión permitirá fortalecer la atención de emergencias, optimizar la respuesta oportuna y mejorar la coordinación interinstitucional entre Policía, Fuerzas Armadas y organismos de socorro.
Lucha contra el lavado de activos
Desde el frente financiero, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, indicó que uno de los pilares fundamentales del plan es la lucha contra el lavado de activos. Señaló que el crimen organizado no puede sostenerse sin recursos económicos y que el seguimiento de la ruta del dinero ilegal es clave para desmantelar estas estructuras.
Neira advirtió que, como resultado de los análisis financieros, se han identificado flujos de financiamiento ilícito que habrían alcanzado incluso a actores políticos y gobiernos autónomos descentralizados (GAD), lo que refuerza la tesis de una conexión entre criminalidad organizada y corrupción institucional.
El Gobierno aseguró que el plan de seguridad se ejecutará de manera coordinada entre varias entidades del Estado, con el objetivo de obtener resultados sostenibles y recuperar el control en zonas afectadas por la violencia.