El atentado que estremeció a Colombia el pasado 7 de junio ya tiene una primera resolución judicial. El joven de 15 años que disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue sancionado con siete años de privación de libertad en un centro especializado para adolescentes, la máxima pena que contempla la ley para un menor de su edad.
La decisión fue adoptada tras la aceptación de cargos por parte del adolescente, quien reconoció haber accionado el arma contra Uribe Turbay durante un mitin político en el parque El Golfito, en la localidad bogotana de Fontibón. Ese disparo, que la Fiscalía catalogó como parte de un magnicidio, dejó al país en estado de conmoción.
El proceso judicial avanzó con rapidez: apenas 80 días después del ataque, el juez especializado impuso la sanción, lo que convierte a este caso en uno de los más ágiles dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Sin embargo, para la familia del dirigente asesinado, la sanción se queda corta. “Es una de las penas más altas posibles, pero nunca será proporcional al dolor causado”, expresó su defensa legal.
La Fiscalía, por su parte, confirmó que no se trata de un hecho aislado. Al menos seis personas más estarían vinculadas a la planeación del crimen, y las pesquisas apuntan a redes ilegales como la Segunda Marquetalia, lo que refuerza la hipótesis de un asesinato político cuidadosamente orquestado.
Mientras tanto, el menor pasará sus próximos años en reclusión juvenil, bajo un proceso de resocialización que la justicia colombiana aplica en casos de adolescentes infractores. La herida, sin embargo, queda abierta: el país aún exige respuestas sobre quiénes ordenaron un ataque que truncó la vida de uno de los jóvenes políticos con mayor proyección nacional.