Quito, Ecuador |septiembre de 2025 — La Fiscalía General del Estado reveló los roles y motivaciones de cuatro implicados en el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Los hallazgos confirman que la planificación, financiamiento y ejecución del crimen operaron desde 2022, en conexión con estructuras criminales de alto nivel como el caso Metástasis.
De acuerdo con los informes judiciales, cada uno de los procesados habría cumplido funciones específicas:
- José Ricardo S.: señalado como enlace operativo y coordinador interno. Según la investigación, habría liderado un grupo de servidores policiales que proporcionaban información sobre los movimientos y condiciones de seguridad de Villavicencio. También mantenía comunicación directa con los autores materiales y, presuntamente, habría ordenado un atentado en prisión para silenciar a un testigo clave.
- Ronny Xavier A.: exlegislador, identificado como nexo político y facilitador de recursos. Habría participado en reuniones para confirmar la ejecución del crimen y, según los chats del caso Metástasis, recibió pagos que habrían servido para financiar el atentado.
- Daniel Josué S.: descrito como informante clave y pieza operativa. Su testimonio reveló detalles sobre la planificación, confirmó la participación de otros implicados y aportó información sobre los contactos entre la red criminal y los sicarios. Denunció también haber sido víctima de un intento de asesinato en prisión, supuestamente para evitar filtraciones.
- Xavier Edmundo J.: identificado como presunto autor intelectual y principal financista. Habría ordenado la ejecución del crimen en 2022, asignando logística, seguimiento y pagos a través de terceros vinculados a redes de narcotráfico y corrupción.
La Fiscalía sostiene que esta estructura criminal no solo planificó el asesinato, sino que operaba de manera organizada con funciones claras: autor intelectual, enlace político, coordinador operativo e informante logístico.
El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 durante un acto de campaña en Quito, sacudió el panorama político y de seguridad del país. A más de dos años del crimen, las investigaciones avanzan hacia la judicialización de los responsables, mientras se exponen conexiones entre crimen organizado, corrupción estatal y violencia política en Ecuador.
Fuente: El Telégrafo