El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes 11 de julio su intención de reformar la Constitución con el fin de implementar la castración química como castigo para los agresores sexuales. Se trata de la segunda propuesta de enmienda constitucional que impulsa durante su mandato.
A través de sus redes sociales, el Jefe de Estado señaló que la iniciativa busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia sexual y garantizar que los responsables enfrenten sanciones severas.
“Pensaron que el poder los iba a proteger. Como antes, como siempre. Esta vez no: los violadores merecen la castración química y pagar con la cárcel”, expresó Noboa en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter).
El Mandatario también exhortó a la Asamblea Nacional a pronunciarse sobre la propuesta. “Ahora será el turno de la Asamblea. El país necesita saber quiénes están verdaderamente con las víctimas y quiénes dispuestos a proteger abusadores”, puntualizó.
Contexto y antecedentes
Esta propuesta surge en medio de la polémica que ha generado un reciente caso judicial en el que se investiga al asambleísta Santiago Díaz, acusado de la violación de una menor de 12 años. Las autoridades realizaron varios allanamientos en Quito para recabar evidencia relacionada con este hecho.
La reforma planteada se suma a la anterior propuesta de Noboa, que busca modificar el artículo 5 de la Constitución para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
¿Qué implica la castración química?
La castración química es un procedimiento médico mediante el cual se administran medicamentos para reducir la libido y la actividad sexual, generalmente en casos de delitos sexuales graves. Este método ha sido adoptado en algunos países, aunque su aplicación suele generar debates sobre derechos humanos, ética médica y proporcionalidad de las penas.
Por ahora, la reforma deberá pasar por la Asamblea Nacional, donde requerirá un proceso de análisis y debate, antes de someterse a una eventual consulta popular o enmienda legislativa.
Debate abierto
El anuncio ha generado reacciones inmediatas tanto en redes sociales como entre sectores políticos, sociales y de derechos humanos, que anticipan un intenso debate sobre la viabilidad legal y ética de esta medida.