En la presentación del informe anual de labores 2025, ante la Asamblea Nacional, el Defensor Público General, Ricardo Morales Vela, destacó que la Defensoría Pública, representa la presencia activa del Estado, donde históricamente la justicia no ha llegado, en comunidades rurales, barrios periféricos, centros de privación de libertad, territorios donde la distancia geográfica se convierte en exclusión jurídica. “Hoy la institución va hacia el ciudadano” y la territorialización del servicio se convirtió en un eje estructural, para garantizar el acceso a la justicia, afirmó.
Señaló que la institución asumió la Justicia Abierta como un modelo estructural de gestión pública y resaltó que en 2025 se optimizó el gasto, se incrementó la eficiencia en contratación pública, alcanzando un nivel de ejecución presupuestaria del 99,80%.
Destalló que los servicios legales llegaron a las 24 provincias del país, a través de 192 puntos, complementados con unidades móviles, canales virtuales y 84 consultorios jurídicos gratuitos, acreditados, en 21 provincias.
En cifras, el 2025, se brindaron 143.280 asesorías jurídicas a escala nacional. De ellas, 91.955 correspondieron a materias no penales, principalmente familia, niñez y adolescencia, movilidad humana y 51.325 a materia penal. En patrocinio, se llevaron 221.884 causas, de ellas, 123.972 correspondieron a materia penal y 97.912 a materias no penales, registrándose un aumento en atención a víctimas, adolescentes en conflicto con la ley. Además, el Centro de Mediación atendió 2.443 causas, que beneficiaron a más de 5.000 ciudadanos.
Entre los proyectos emblemáticos impulsados en 2025, resaltó el servicio virtual “Justicia Lejos de Casa”, que se ejecuta a través de convenios con las defensorías públicas de otros países y favorece a compatriotas que viven en el exterior y mantienen procesos judiciales en el Ecuador.
El proyecto insignia la “Ruta de los Derechos”, que llevó la justicia a territorios donde nunca había llegado y con esa misma lógica de cercanía real con la ciudadanía, anunció, para el año 2026, el programa “Puerta a Puerta”.
El Defensor Público General afirmó que los resultados alcanzados en 2025 son consecuencia del fortalecimiento y modernización institucional. La garantía de acceso a la justicia tiene a una Defensoría Pública sólida, sostenible, técnicamente robusta y estratégicamente articulada, puntualizó.