El 7 de junio de 2025 fue aprobada en la Asamblea Nacional la nueva Ley de Solidaridad Nacional propuesta por el presidente Daniel Noboa, la cual incluye una de las reformas más polémicas de los últimos años en materia de drogas: la eliminación definitiva de la llamada “tabla de consumo” y la creación de nuevos “parámetros referenciales” para la posesión de sustancias sujetas a fiscalización.
La medida marca un giro significativo en la política pública sobre drogas en Ecuador, con impactos directos en la justicia penal, el consumo personal y los derechos de las personas detenidas por tenencia de estupefacientes.
¿Qué era la «tabla de consumo»?
La tabla de cantidades mínimas fue implementada en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa. Su objetivo era distinguir entre consumidores y microtraficantes, y así evitar la criminalización automática de usuarios. Especificaba las cantidades máximas permitidas para el porte de más de una docena de sustancias, entre ellas marihuana (hasta 10 gramos), cocaína (hasta 1 gramo), heroína (hasta 0.1 gramos) y otras.
La tabla fue reformada en 2015 y luego suspendida de facto por varias resoluciones judiciales contradictorias. Aunque nunca fue una ley, servía de guía para fiscales y jueces al momento de decidir si una persona debía ser procesada penalmente.
¿Qué traen los nuevos “parámetros referenciales”?
La nueva Ley de Solidaridad Nacional elimina esta tabla y la reemplaza con los llamados “parámetros referenciales técnicos de cantidades”, que no son una lista estática, sino valores determinados por peritos forenses de acuerdo con cada caso.
Según el nuevo modelo, ya no se establecen cantidades fijas para distinguir consumo de microtráfico, sino que se evaluarán diversos factores:
- Concentración y pureza de la sustancia.
- Frecuencia de consumo del detenido.
- Contexto y comportamiento al momento del arresto.
- Análisis toxicológicos y entrevistas periciales.
La Fiscalía y la Policía contarán con el apoyo de peritos especializados para emitir informes que sustenten si la sustancia encontrada corresponde a uso personal, tráfico o tenencia agravada.
¿Mayor justicia o más criminalización?
El Gobierno sostiene que los nuevos parámetros permitirán una lucha más efectiva contra el narcotráfico, ya que según cifras oficiales, muchos microtraficantes se amparaban en la tabla para evitar condenas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en salud pública advierten que la eliminación de la tabla podría dar lugar a una mayor criminalización de consumidores, especialmente en barrios populares, donde se concentra la mayoría de las detenciones por drogas.
“Ahora todo dependerá de la interpretación del perito y del fiscal. Esto puede abrir la puerta a la discrecionalidad y al abuso”, advirtió María Belén Aguirre, abogada penalista y defensora de derechos humanos.
Conclusión
La transición de una tabla objetiva a parámetros periciales más subjetivos representa un cambio de paradigma en la política de drogas del Ecuador. Mientras el Gobierno celebra una herramienta “más flexible y eficaz”, sectores sociales temen un retroceso en garantías para consumidores y personas con adicciones.
En medio del debate, una pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién protegerá al usuario que consume sin traficar?