La tranquilidad de la noche del martes se rompió con una explosión. Seis locales comerciales de La Bahía, uno de los sectores más concurridos —y vulnerables— de Guayaquil, quedaron destruidos. El miedo regresó a los comerciantes, pero también lo hizo un viejo debate que, con cada atentado, vuelve a escena: ¿quién es responsable de la seguridad en la ciudad?
Las versiones se cruzan, las tensiones crecen y la ciudadanía queda atrapada entre discursos contradictorios y una realidad cada vez más peligrosa.
“Es responsabilidad del Municipio”, dice la Gobernadora
La gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, no dudó en señalar al Municipio como el principal responsable de lo que ocurre en La Bahía. En una entrevista concedida a NotiMundo la noche del miércoles 4 de junio, afirmó que, al tratarse de una zona de mercado, el cabildo guayaquileño debe garantizar también su seguridad.
“Es responsabilidad del Municipio incluso la seguridad de las Bahías”, sostuvo. Y respaldó la decisión del alcalde de reparar los locales afectados, asegurando que “esa es su obligación”.
Rovira, además, destacó los esfuerzos realizados desde su cargo, como la convocatoria de un Consejo de Seguridad con la participación de 19 alcaldes, y los operativos desarrollados con el apoyo de la Intendencia de Policía y la empresa pública Segura EP.
Pero sus declaraciones no pasaron desapercibidas… y tampoco quedaron sin respuesta.
Segura EP responde: “La seguridad es competencia del Estado”
El presidente de Segura EP, Fernando Cornejo, fue contundente. A través de su cuenta en la red social X, desmintió públicamente a la Gobernadora y aclaró que el Municipio no tiene la competencia legal para hacerse cargo de la seguridad ciudadana.
“La Constitución es clara”, escribió. “La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado y se ejerce a través de la Policía Nacional. Decir que la seguridad de La Bahía es responsabilidad municipal es falso, confunde a la ciudadanía y demuestra el poco conocimiento de lo que está a su cargo”.
Cornejo citó incluso normas específicas para sustentar su afirmación: el artículo 158 de la Constitución, el 218 del Coescop y una sentencia de la Corte Constitucional (15-14-IN/20), que aclaran que los municipios tienen un rol complementario, pero no principal, en temas de seguridad.
Entre explosivos y disputas políticas, ¿quién protege al comerciante?
Mientras las autoridades debaten sobre quién debe actuar, los comerciantes intentan sobrevivir. La explosión del 3 de junio no fue un hecho aislado. Muchos de ellos han recibido amenazas, otros ya pagan extorsiones, y todos viven con el temor de que el siguiente ataque pueda costarles mucho más que sus productos.
“Nos sentimos abandonados”, dijo un comerciante que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El problema no es de ahora, pero cada vez que pasa algo, solo vemos cómo se echan la culpa”.
El caso de La Bahía no solo expone una nueva herida en la seguridad de Guayaquil, sino también una fractura institucional que se agrava con cada episodio violento. En el fondo, la pregunta que muchos se hacen sigue sin respuesta: ¿Quién tiene realmente el control de las calles?