El 3 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma constitucional que permitiría el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, busca fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La reforma fue respaldada por 82 legisladores, mientras que 60 votaron en contra y seis se abstuvieron. El siguiente paso será someter la propuesta a un referéndum nacional, cuya fecha será determinada por las autoridades electorales.
La iniciativa modifica el artículo 5 de la Constitución, que desde 2008 prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Esta prohibición llevó al cierre de la base estadounidense en Manta en 2009, durante el gobierno de Rafael Correa. El presidente Noboa argumenta que la ausencia de cooperación militar internacional ha convertido a Ecuador en un punto clave para el narcotráfico, y que la presencia de fuerzas extranjeras es esencial para combatir eficazmente estas amenazas.
La propuesta ha generado un intenso debate en el país. Mientras el oficialismo sostiene que la medida es necesaria para enfrentar el crimen transnacional, la oposición y diversos sectores sociales expresan preocupaciones sobre la soberanía nacional y la eficacia de la presencia militar extranjera para resolver los problemas de seguridad interna. Organizaciones sociales y expertos han señalado que la reforma podría requerir ajustes en otras leyes, como el Código Orgánico Integral Penal, que actualmente sanciona con penas de diez a trece años a quienes permitan el establecimiento de bases militares extranjeras.
El proceso de reforma constitucional en Ecuador implica dos debates legislativos, con un intervalo mínimo de 90 días entre ellos, y posteriormente la convocatoria a un referéndum nacional dentro de los 45 días siguientes a la aprobación legislativa. La Corte Constitucional ya ha emitido un dictamen favorable, permitiendo que la reforma siga su curso a través del mecanismo de reforma parcial.
La decisión final recaerá en el pueblo ecuatoriano, que deberá pronunciarse en las urnas sobre la posibilidad de permitir la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. El resultado del referéndum será determinante para el futuro de la política de seguridad y cooperación internacional del país.