El caso de los cuatro niños de Las Malvinas, desaparecidos el 8 de diciembre de 2024 y encontrados calcinados días después cerca de una base militar en Taura, ha conmocionado a Ecuador y expuesto supuestamente un patrón de desapariciones forzadas en el país. Las familias interpusieron una acción de hábeas corpus, que reconoció la responsabilidad estatal y ordenó medidas de reparación integral, como disculpas públicas del Ministerio de Defensa. Sin embargo, estas medidas han sido apeladas por las Fuerzas Armadas.
Fernando Bastias Robayo, abogado de las familias, denunció que el caso no es aislado, revelando al menos 12 desapariciones similares en Los Ríos y numerosos incidentes no denunciados en Esmeraldas. También criticó la falta de comunicación de las Fuerzas Armadas con los afectados y advirtió sobre la confusión entre delitos comunes y graves violaciones de derechos humanos.
El caso ha generado protestas y un clamor nacional por justicia, mientras crece la presión para que el Estado ecuatoriano tome medidas contundentes y garantice que tragedias como esta no se repitan.