El Gobierno ha confirmado que siete grandes industrias serán desconectadas de la red eléctrica entre el 15 y el 31 de diciembre, generando controversia y pedidos de reconsideración por parte del sector industrial. Estas empresas pertenecen a los segmentos de Alto Voltaje (AV) 1 y AV 2, los cuales agrupan a los consumidores más grandes de electricidad.
La ministra de Energía y Minas (e), Inés Manzano, aclaró que las empresas afectadas serán desconectadas por un período de quince días. En particular, cuatro de ellas pertenecen al sector minero y acerero, mientras que las otras tres son cementeras. La decisión se tomó para priorizar el suministro de energía a la población en general, mientras que las industrias seguirán ajustándose a los racionamientos previamente acordados.
El anuncio ha generado una respuesta enérgica por parte de los gremios empresariales, quienes rechazan lo que califican de “apagón injusto”. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, afirmó que el déficit energético debería ser distribuido equitativamente entre todos los consumidores y no solo recaer sobre un grupo específico de industrias. Además, señaló que el sector industrial solo representa el 26% del consumo de energía del país, lo que pone en cuestión la decisión de desconectar a estas siete empresas de manera total, mientras que otras siguen recibiendo cortes parciales.
En una entrevista reciente, la ministra Manzano explicó que la medida forma parte de una estrategia de priorización de los recursos energéticos, con el fin de garantizar el suministro a todos los ciudadanos. Reconoció que no se trata de una decisión popular, pero subrayó que es una forma de apoyar a la ciudadanía. Además, aclaró que la desconexión no afectará a las industrias ubicadas en parques industriales como los de Ambato y Cuenca.
Por su parte, Jarrín lamentó las consecuencias económicas de esta medida, que calificó de «desproporcionada». Las pérdidas, según el presidente de la CIG, son incalculables, y advirtió que afectarán no solo la operación de las empresas, sino también sus compromisos con clientes y proveedores.
Mientras tanto, el Gobierno también enfrenta críticas por el incumplimiento de plazos y la falta de avances en los proyectos de energía térmica, como los de Salitral y Quevedo, que están a cargo de la empresa Progen. La ministra Manzano informó que ya se están tomando acciones legales por el incumplimiento de los contratos de estos proyectos, lo que agrava aún más la situación energética del país.
El sector industrial ha solicitado al Gobierno que reevalúe la situación y busque alternativas que no pongan en peligro el empleo ni la estabilidad económica de las empresas. Sin embargo, la ministra Manzano insistió en que la medida responde a un problema de priorización y no a un ataque directo al sector productivo.
La discusión sigue abierta mientras se espera que las autoridades encuentren una solución equilibrada para enfrentar la crisis energética del país, sin sacrificar la estabilidad de las industrias clave para la economía nacional.