Un hecho violento se registró la mañana del martes 7 de octubre en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, cuando la caravana presidencial que acompañaba al presidente Daniel Noboa Azín fue atacada con piedras y objetos contundentes por un grupo de manifestantes mientras el mandatario se dirigía a la entrega de obras públicas en la zona.
De acuerdo con un comunicado oficial de la Presidencia de la República, en los vehículos viajaban también funcionarios y civiles, quienes resultaron ilesos. La Secretaría de Comunicación informó que el ataque fue producto de “órdenes de radicalización” destinadas a impedir el cumplimiento de la agenda presidencial y la entrega de proyectos de infraestructura que benefician a las comunidades locales.
“Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su Presidente”, señala el pronunciamiento del Ejecutivo.
El hecho ocurrió en un contexto de tensión social y protestas convocadas por organizaciones indígenas y sindicales, que mantienen movilizaciones en rechazo a recientes decisiones del Gobierno, entre ellas, la eliminación del subsidio al diésel.
Según reportes preliminares del Ministerio del Interior, cinco personas fueron detenidas tras el ataque y serán procesadas por los delitos de terrorismo e intento de asesinato. Las autoridades aseguran que en uno de los vehículos de la caravana se identificaron impactos compatibles con proyectiles, aunque esta información está siendo verificada por peritos de criminalística.
Durante su desplazamiento por la provincia, el presidente Noboa tenía previsto entregar una planta de tratamiento de aguas residuales y otros sistemas de alcantarillado, obras valoradas en más de 6 millones de dólares, destinadas a mejorar los servicios básicos de varios sectores rurales.
Tras el incidente, el mandatario reiteró su compromiso de continuar con sus recorridos por el territorio nacional y advirtió que “la violencia no detendrá la transformación del país”.
El ataque ha generado amplias reacciones políticas y sociales. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, calificó el hecho como “un acto cobarde que atenta contra la institucionalidad democrática”, mientras que diversos actores de la sociedad civil han expresado su preocupación por el incremento de la conflictividad social y los riesgos para la seguridad presidencial.
La Fiscalía General del Estado inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades. Mientras tanto, la Presidencia mantiene que se trató de un “acto planificado” que buscaba desestabilizar la agenda gubernamental.
El Gobierno ha dispuesto reforzar los protocolos de seguridad en los desplazamientos oficiales del presidente Noboa y continuar con las obras públicas programadas en las provincias del país.